La plataforma Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) solicitó este miércoles un debate televisado y público entre el mandatario Miguel Díaz-Canel, y el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, regresado a la cárcel desde la semana pasada, tras la revocación de la libertad condicional que le fue concedida en enero.
“Habíamos tenido un debate importante en el Consejo en relación con elevar y poner la discusión en un plano estrictamente político”, explicó a Martí Noticias, Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del CTDC.
“Todavía el gobierno nos está obligando a una discusión en el plano de derechos humanos y no político, en un momento en el que su legitimación decrece y aumenta el apoyo de actores y sectores ciudadanos a las propuestas de la sociedad civil”, afirmó.
La organización consideró que este ejercicio “en igualdad de condiciones, puede ser el inicio de una transición pacífica y ordenada hacia un país inclusivo, con derechos garantizados para todos”.
Se trata de una “rendición de cuentas ante una ciudadanía que exige alternativas”, afirmó la concertación opositora en un comunicado.
El texto criticó que “en lugar de abrirse al diálogo con quienes proponen salidas pacíficas a la profunda crisis sistémica que padece el país, el Gobierno cubano insiste en responder con represión y violencia”.
En este sentido, condenó el reciente encarcelamiento de Ferrer y Félix Navarro, ambos opositores históricos y líderes del CTDC, luego de que el Tribunal Supremo considerara que “incumplieron” las condicionantes impuestas.
Cuesta Morúa destacó la posición de liderazgo de Ferrer en Santiago de Cuba, “donde la dirigencia era incapaz de sostener las necesidades básicas y José Daniel aparecía con una propuesta sencilla de apoyo humanitario y de apoyo sanitario a los pobres, desvalidos, abandonados y marginados”.
Ferrer y Navarro “representan una ciudadanía que no pide privilegios, sino derechos: el de disentir sin castigo, participar sin persecución y deliberar sin miedo”, dijeron.
El Consejo, integrado por más de 30 grupos de la oposición interna y externa, calificó como “un acto de desesperación y miedo” la criminalización del régimen de la labor humanitaria de los opositores “en un país donde el hambre, el éxodo y el colapso económico conviven con promesas incumplidas”.
Asimismo, catalogó de “incomprensible” el hecho de que el régimen “esté dispuesto a sentarse con figuras internacionales acusadas de crímenes de guerra, como [el presidente ruso] Vladímir Putin, mientras niega sistemáticamente el diálogo con su propia ciudadanía, la única fuente legítima del poder en cualquier Estado”.
“Creemos que es el momento en que las autoridades deben, en vez de reprimir, confrontar con aquellos que tienen una visión, una perspectiva, un enfoque distinto; otras propuestas para salir adelante en Cuba y que esto podría marcar una nueva oportunidad de madurez política para las autoridades cubanas. Desafortunadamente no”, puntualizó el activista.
La propuesta tiene pocas probabilidades de ser llevada a cabo debido a que el gobierno cubano, a través de sus medios de difusión, ha calificado a José Daniel Ferrer como “un agente asalariado de Estados Unidos, con larga trayectoria de acciones de provocación contra el orden público y la legalidad", y protagonista de las calumnias de Estados Unidos contra Cuba.
A través de la historia desde 1959, la oposición cubana ha presentado iniciativas que buscan reformar el sistema político y económico del país. El gobierno ha respondido con una postura intolerante, subrayando la preservación del modelo socialista como incuestionable y, muchas veces, encarcelando a los principales promotores de las proposiciones.
Ferrer, de 54 años, carga con una pena de cuatro años y seis meses por los delitos de privación ilegal de libertad y lesiones. Navarro, de 72, cumple una sanción de nueve años por desorden público, desacato y atentado.
Ambos son parte de los 75 opositores detenidos y condenados en la conocida como Primavera Negra de 2003.
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